El 13 de febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le comunicó a Mariana Mota, (jueza penal, que tenía a su cargo más 50 causas de violaciones de DDHH durante la dictadura y ha pedido el procesamiento de varios torturadores) su decisión de trasladarla a un juzgado civil. Esta comunicación toma a Mota por sorpresa, ya que, según sus palabras, “ni había pedido el traslado ni había cometido ninguna falta”.
El Viernes 15, cuando se oficializó ese traslado, cientos de personas se hicieron presentes en la Suprema corte de la impunidad para manifestar su apoyo a Mariana Mota y para repudiar ese nuevo intento de mantener la impunidad de los genocidas.
Arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñaron, hasta que todo sea como lo soñamos y necesitamos hoy.
Por Norma Cedrés
Por el Chiquito Perrini (por sus hijos)
Por los fusilados de Soca
Por el compañero López asesinado en Artillería 1
Por todos/as las compañeras torturadas en Boisso Lanza
Por Leonardo de los Santos
Por Ubagésner.
Ellos, entre más de 50 casos seguirán esperando justicia porque la Suprema Corte de Justicia conformada por Jorge Ruibal Pino (Presidente); Jorge Larrieux (ministro);Jorge Chediak (ministro); Ricardo Pérez Manrique (ministro); y Julio César Chalar (ministro), acaban una vez más de amparar la impunidad de los terroristas de Estado, dilatando los juicios. Comandan la SCJ varios masones y sionistas, apoyan la misma torturadores como Ramas y Gavazzo y por supuesto Guilermo Cedrés presidente del antro facho del Centro Militar, quien al apoyar la resolución de la SCJ festejan ese salvoconducto que los ampara de todos sus crímenes de lesa humanidad.
En febrero de 2010 la impunidad fue tipificada como corresponde: Bordaberry fue procesado por Mota con atentado a la Constitución y delitos de desaparición forzada y homicidios políticos, eso no perdona la omertá, es decir el complot de silencio y olvido activo aún en Uruguay.
La jueza Mota, investigó la muerte de Leonardo de los Santos, el caso de los fusilados de Soca, el homicidio de Ubagésner Chávez Sosa tras la aparición de su cuerpo, que implicó el procesamiento de los aviadores Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero, y la desaparición de Santana e Insaurralde en Paraguay por el que fue encarcelado el coronel Carlos Calcagno. Tras esto, los defensores del punto final se expidieron a favor de los criminales de la dictadura el ex presidente Jorge Batlle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre y el hoy ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, entre otros.
En Uruguay la Suprema Corte de Justicia ha quedado al descubierto, la careta de una suprema justicia mostró en un acto de soberbia su rostro mortífero, si aún se miraba hacia ahí esperando algo de “justicia” hoy ha perdido toda legitimidad frente al pueblo, y esto es un hecho incuestionable, importante y central. Cómo lo es también que la lucha contra la impunidad se desarrollará en adelante en un contexto muy distinto al que existía previo a los hechos del viernes 15.
En la calle, no se habla de si lo sucedido en el edificio de la SCJ fue una ocupación o no, nadie habla de eso (salvo los medios, la policía y la propia SCJ, claro). Quienes están haciendo campaña, una vez más, criminalizando la protesta poniendo a la gente a opinar de la legitimidad o no de que más de 300 personas llevaran la protesta a la “sacrosanta sede de los guardianes de la impunidad” que durante décadas estuvieron en lugares claves y ampararon, silenciaron los más aberrantes delitos.
Lo que todos dicen, lo que todos vieron fue cómo una jueza que estaba empujando a los represores hacia una condena fue desplazada por la SCJ. Y ya no importa cuánto palabrerío y verso digan los políticos y los medios, todos comentan el gesto de Mariana Mota ante la pregunta de si la justicia es independiente. El gesto que dijo mucho más que todo lo que se ha dicho.
Todos vimos el absurdo de fuerzas de choque reprimiendo a gente que estaba en todo su derecho a protestar. Frente al hecho de corrupción de la SCJ y –luego- el salvajismo policial, toda acción de protesta quedó legitimada frente a la opinión pública.
“Comienza una ola de rechazo” dijo Galeano, presente en la protesta. De ahora en más la SCJ será conocida cómo la Suprema Corte de Injusticia, dijo Viglietti, sumándose a lo que manifestantes habían colocado en la puerta cambiando la palabra justicia por injusticia.
La gente comenta sobre lo intocables que son los represores, sobre los pactos de Huidobro con los milicos y sobre el chanchullo que a todas luces se esconde tras la investigación del avión de AirClass.
Plenaria estuvo presente en la protesta del viernes 15 en la SCJ, por supuesto, pero no fue más que una pequeña parte en un mar de organizaciones sociales, hijos y familiares de desaparecidos, viejos luchadores, figuras de la cultura y sindicalistas.
Ya no se trata de que los militantes de Plenaria Memoria y Justicia les hagan pintadas denunciándolos cómo alcahuetes de los milicos, a los integrantes de tribunales y cortes; cómo sucedió en el 2005 motivando el procesamiento de nuestra vocera; sino de todo un pueblo que les grita en la cara.
Este episodio es una demostración empírica de que no se puede seguir apostando a años de investigaciones parciales e inconexas en el marco judicial actual.
Es hora de exigir un único juicio de excepción, oral y público contra la dictadura.
Nos preguntamos: si no es posible investigar recorriendo los caminos de la justicia formal ¿Cuál es el camino en adelante? ¿Cuál sería el camino a recorrer cuando la SCJ va a declarar inconstitucional la tibia ley interpretativa? El tiempo y estos hechos van señalando cada vez más certeramente la necesidad de que nadie los ampare, de que nadie olvide, de que nadie los perdone, de que todos, todas sumemos nuestras fuerzas para quebrar la impunidad.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, que nadie cambie el eje de lo sucedido, acá la impunidad una vez más le dio una cachetada a la verdad y la justicia, y con dignidad se reaccionó.
UN SOLO JUICIO TODO UN PUEBLO QUE LOS CONDENE
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