El 13 de febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le comunicó a Mariana Mota, (jueza penal, que tenía a su cargo más 50 causas de violaciones de DDHH durante la dictadura y ha pedido el procesamiento de varios torturadores) su decisión de trasladarla a un juzgado civil. Esta comunicación toma a Mota por sorpresa, ya que, según sus palabras, “ni había pedido el traslado ni había cometido ninguna falta”.
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, explicó que “el artículo 99 de la ley 15.750 le da a la SCJ la potestad de hacer uso de sus recursos humanos sin brindar explicaciones" y sostuvo que la medida no implicaba un castigo o sanción hacia la jueza porque el traslado de lo penal a lo civil no era equivalente a una degradación de jerarquía. Explicó que la corte tenía abiertas dos investigaciones en curso relacionadas con la jueza y que ninguna de las dos se había expedido. Estas causas eran por sus críticas a la política de derechos humanos de Uruguay en declaraciones al diario argentino Página 12, y por la omisión de un envío de información solicitada por la corte.
Noticia sacada de LaRed21
Trasladan a la jueza Mota:
desconocen quien asumirá juicios a torturadores
La Suprema Corte de Justicia comunicó a la jueza Mariana Mota su traslado a un juzgado civil, con lo cual las numerosas causas que venía instruyendo la magistrada para las que había pedido el procesamiento de varios militares asociados a violaciones de los Derechos Humanos, quedarán en distintas manos.
Asimismo la jueza Mota había dispuesto que no se archivara el caso del avión de First Class, desaparecido en el Río de la Plata, contra la opinión expresa del ministro de Defensa Nacional.
La jueza reconoció que en la mañana del miércoles le fue notificado el traslado, desconociendo las causas que llevaron a la medida. “Nunca en mis 20 años de trabajo me dijeron las causas del porqué me trasladaban; las conclusiones se las dejo a quienes las quieren tomar, yo no voy a hablar de eso”, dijo la magistrada al diario El País.
Reconoció no obstante que “lamentablemente” había sido trasladada a la Justicia Civil. En cuanto a las causas en que estaba trabajando, señaló: “En mi lugar queda un buen juez, de todos modos”.
Fuentes judiciales confirmaron la especie pero apuntaron que se trata de un traslado en el marco de otros cambios, y que en absoluto el cambio de lugar significa demérito alguno en la carrera de la profesional.
Con militares y sus afines siempre en contra
La jueza Mota había sido recusada por algunos de los militares retirados acusados de violaciones a los Derechos Humanos, en tanto participó de la Marcha del Silencio de mayo de 2011, la misma que cada año se efectúa en reclamo de saber lo que ocurrió realmente con los detenidos desaparecidos.
Los militares del proceso no lograron su cometido y la Suprema Corte de Justicia entendió que no había cometido falta por su presencia en la manifestación.
Posteriormente Mota tuvo serias discrepancias con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por la desaparición de un avión de transporte que cayó al Río de la Plata presumiblemente en cercanías de Isla de Flores, y cuyo destino es uno de los misterios más actuales que alberga el estuario.
Pero el misterio también alcanzó la costa cuando la jueza Mota, desde el Juzgado Penal de 7º Turno cursó oficio al Ministerio de Defensa para que se reanudara la búsqueda de la aeronave –habían pasado cuatro meses del siniestro- pidiendo también que se sumaran los servicios del buzo Héctor Bado a la búsqueda. Dos meses después el Ministerio seguía sin acatar la orden y nadie sabe aún hoy, que llevaba el avión.
Posteriormente la jueza encontró también resistencia en el Servicio de Material y Armamento, cuando se buscaban restos del ex preso y desaparecido Rodolfo Porley. En esa oportunidad el abogado de Porley intentó sacar fotos del lugar del presunto enterramiento en un predio militar, pero le fue impedido por la oficialidad, invocando “órdenes directas” del ministro Fernández Huidobro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario