22 de octubre de 2020

Mapa de la Impunidad: La JUP

 ¡Qué  tanto  Gre-gre  pa  querer  decir  Gregorio!





Estaban y están… organizándose.

Personas atacadas en plena calle al grito de ¡Comunista!, incendiadas o golpeadas con bates de béisbol por individuos que viajan en autos de ‘alta gama’… Atentados a locales y militantes sindicales y políticos… Placas de la memoria vandalizadas…

Y más recientemente, cartelería de la JUP en algunos centros liceales.

¿Cuánto más debemos esperar para reconocer que no se trata de hechos azarosos o aislados?


¿Quiénes son?

Algunos análisis los definen como neonazis; otros como neofascistas.

Más allá de dichos aportes, la jerga popular los escracha sin confusiones ni eufemismos: ¡son fachos!

 

¿Quiénes fueron?

 

La Juventud Uruguaya de Pie, organización de extrema derecha nacida en Salto, ha sido un instrumento muy activo de la violencia política del fascismo. Surgió en octubre de 1970 como un movimiento social que logró aglutinar a un sector conservador de la población, tras las banderas del anticomunismo y cierta forma de patriotismo, en contra del avance y el fortalecimiento del movimiento popular. 

En su seno convergieron agrupaciones juveniles de todo el país autodefinidas como ‘demócratas’, que tenían como objetivo enfrentar al estudiantado movilizado en torno a metas revolucionarias y diversos proyectos de justicia social.

Su accionar tuvo un hondo impacto público hasta su autodisolución formal en 1974.

Esta organización se manifestó a través de acciones violentas, propaganda escrita y radial, ataques a centros estudiantiles y actos públicos en todo el país. Su discurso predicaba el patriotismo nacionalista y ruralista, de la mano de un anticomunismo militante y catolicista que defendía el militarismo y el status quo de la injusticia capitalista dominante (en síntesis, las ideas más conservadoras y fundantes de los partidos Blanco y Colorado).

En el ámbito juvenil protagonizaron la voz de la contrarrevolución que se instaló en toda América Latina.

Si bien actuaron especialmente en ámbitos estudiantiles, su convocatoria trascendió dicho espacio generacional. 

En 1972, este grupo propagandeaba su proyecto de ‘revolución nacional’, de neta resonancia falangista. Apostando por la vía del golpe militar, hacían loas de la dictadura brasileña, instalada desde 1964.

Desde ese discurso, ejercieron violencia política contra centros estudiantiles en lucha y contra el domicilio de diversos militantes, cuyas viviendas eran ‘señaladas’ y atentadas.


La JUP planificó y cometió varios asesinatos, reivindicando las prácticas del terrorismo de Estado.

El diario La Mañana, medio de difusión de la derecha más rancia, obró como caja de resonancia de sus planteos, en los que reclamaban el intervencionismo en la Enseñanza y la restauración de la autoridad y del año lectivo en los centros de estudio, a cualquier costo.

Así lo evidencia  el siguiente fragmento de su página editorial del 7 de octubre de 1971:

Desde un tiempo a esta parte los voceros del comunismo pretenden confundir a la ciudadanía desprevenida del país con una andanada de ataques contra el movimiento de la Juventud Uruguaya de Pie. El más manido es la de imputarle todos los disturbios acaecidos en Secundaria.

La JUP sería algo así como aparcera de la feroz policía en la provocación de conflictos, contra inocentes estudiantes de izquierda […]”.

No es de extrañar que, algunas décadas después, este medio oficioso del fascismo reabriera sus puertas en 2019, guiado genealógicamente por la mano de Hugo Manini Ríos, integrante de la JUP y detentor de su jefatura.

Ya en 1970 los jupistas abonaban el reclamo de ‘mano dura’: “[…] Montevideo parece un campo de batalla, con piedras, gases lacrimógenos por todos lados y barricadas que se erigen, se levantan, vuelven a instalarse […] La medida de suspensión (de los cursos) desnuda la imposibilidad del gobierno de restaurar el orden”

Somos los que vamos al Liceo a hacer algo hasta que cumplamos 18 años y podamos trabajar. Somos hijos de familias que no nos usan de instrumentos de sus rencores políticos ni de sus situaciones económicas”. (Revista Cuestión, febrero de 1972).

Desde su surgimiento el accionar de la Juventud Uruguaya de Pie fue incrementándose en respuesta a la lucha social que se desarrollaba y avanzaba.

En agosto de 1970, mientras estudiantes y profesores organizaban contracursos y ‘liceos populares’ contra la intervención del pachecato en la Enseñanza, la JUP proponía la aplicación de una ‘guerra pedagógica’ que centraba la función de los sistemas educativos en formas de socialización promotoras de la despolitización de los jóvenes, ya que estos eran, según su análisis, los principales opositores al gobierno.

Para ello, requirieron de un cuerpo docente dispuesto a ‘colaborar’ (lo que implicó, como contrapartida, decenas de destituciones) y de un sector estudiantil comprometido a garantizar, por cualquier medio, que el año lectivo pudiera desarrollarse con ‘normalidad’.

Al reanudarse los cursos en marzo de 1971, se produjeron serios enfrentamientos entre las dos posturas estudiantiles. Varios centros de estudio de Montevideo y de la zona metropolitana (liceos Nº 18, Nº 9 y Nº 13, el Bauzá, el IAVA y el Liceo de Las Piedras) fueron focos de dichas confrontaciones.

Los choques iban desde golpes de puño, cadenas y cachiporras a armas de fuego. Los jupistas actuaban bajo la protección de la policía (encubierta o uniformada) y sus acciones eran financiadas por el Ministerio del Interior y varias embajadas (EE.UU, Francia, Inglaterra e Israel), tal cual habría de confirmarse, cuarenta años después, a partir de la información obtenida con la apertura de diversos documentos hasta entonces clasificados.

La intervención en la Enseñanza cayó el 12 de junio de 1971 por decisión parlamentaria, debido a la alta impopularidad de la misma. En respuesta, el gobierno de Pacheco Areco designó a Armando Acosta y Lara (expresidente del Consejo Interventor) como  subsecretario del Ministerio del Interior. Diez meses después, el 14 de abril de 1972, habría de ser ajusticiado por el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros por pertenecer al Escuadrón de la Muerte.

La JUP sostuvo un discurso opositor al levantamiento de la intervención y a la acción de los Consejos Interinos, argumentando que se trataba de una claudicación del Parlamento ante la presión sindical y estudiantil. “Todo el Gobierno ha entregado la Educación Secundaria al control comunista. Todos nos damos cuenta. Es la verdad”, decía Hugo Manini Ríos, habitual vocero de las posturas jupistas.

Y a modo de defensa de sus acciones describía su particular punto de vista acerca de cómo se desarrollaba el conflicto a nivel estudiantil: “La violencia que soportaban los militantes de la JUP era  más moral que física. Como el caso de (Mario) Soca que fue juzgado y desgremializado en la Universidad. Mi hermano Bruno que fue desgremializado en Agronomía y no pudo seguir estudiando Agronomía, infinidad de casos…”


En mayo de 1971, el diario El País informó sobre un ataque con pintura roja arrojada sobre la cabeza de un conocido militante ‘demócrata’: Miguel Sofía.

Fotografiado en el patio del liceo IAVA, resultaba una imagen de corte impresionista, con la pintura roja corriendo por su barba y mejilla.

En realidad, Miguel Sofía ya era conocido en los ambientes de la militancia estudiantil como integrante de la JUP y, desde 1972, señalado por Nelson Bardesio como miembro activo del Escuadrón de la muerte.

El Liceo Bauzá se constituyó en el principal nicho de la derecha en los liceos de la capital. Los enfrentamientos entre facciones opuestas en dicho centro venían de tiempo atrás, pero los incidentes en los meses de abril, mayo y setiembre de 1971 marcaron un mojón en esa confrontación.

El 27 de abril una patota de la JUP asaltó el Bauzá con garrotes y revólveres ‘a la cintura’, en momentos en que se realizaba una asamblea estudiantil que analizaba precisamente las provocaciones de ese grupo contra varios/as jóvenes del liceo.

El ataque dispersó a las/os asambleístas a balazos. No hubo heridos de gravedad de pura casualidad, pero al día siguiente, los jupistas ocuparon el local de estudios mientras madres, padres y alumnos realizaban, en la puerta del mismo, un acto de desagravio por los hechos ocurridos el día anterior. La JUP volvió a disparar contra la gente y la policía intervino para apresar a las/os estudiantes que, al grito de ¡Fascistas… fascistas!, protestaban contra la ocupación.

Los agredidos marcharon hasta el Viaducto del Paso Molino, donde unos individuos volvieron a dispararles desde un auto VW. Más tarde, los tiradores fueron vistos conversando con los ocupantes del Bauzá.

Las víctimas de esos atentados identificaron a trece de sus atacantes, entre los cuales figuraba ‘El manco’ Ulises Fernández, miembro de la Policía y protagonista de graves sucesos que habían acontecido con anterioridad en el liceo Bauzá. 

El Consejo Interventor llegó a ser denunciado como cómplice en ese tipo de incidentes.

La policía y la JUP actuaban en connivencia: la comisaría próxima al liceo funcionaba como base de operaciones del grupo.

Bajo el alón protector del pachecato, al fascismo se le hace el campo orégano […]”. Así analizaban los socialistas la situación.

En su página del Suplemento Verde del periódico La Mañana, la JUP daba su opinión sobre los hechos de abril de 1971 bajo el título “Los hechos del Bauzá. Una juventud sana ante el fanatismo foráneo”.

La violencia en los liceos se agudizó en la previa al golpe de Estado de junio de 1973. El ataque al Liceo Nº 8, aquel 11 de agosto de 1972, terminó con la vida del estudiante Santiago Rodríguez Muela, militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). El grupo de agresores, encabezado por Enrique Mangini y compuesto por unos quince jóvenes ajenos al instituto, entró al recinto liceal disparando contra quienes allí estaban.

Varios de ellos fueron detenidos por la policía y siete terminaron procesados por el delito de “atentado a la propiedad privada”.

Poco tiempo después, el grupo fue beneficiado por una amnistía a presos comunes y la causa por el homicidio fue archivada, hasta su reapertura en 2009.

Sin embargo, al día de hoy, el asesinato de Santiago continúa impune.

El semanario jupista Nuevo Amanecer tituló el episodio con un sarcasmo infame: “Por fin encontraron el muerto”.

Obviamente deslindaba toda participación de la JUP en los sucesos del Liceo Nº 8 y señalaba que “[…] la juventud sana y patriótica, los estudiantes que lo son porque quieren estudiar, los jóvenes que sienten la responsabilidad de su destino y la patria a la que pertenecen dieron un ejemplo de lucha […]”.

En el liceo Bauzá reafirmaron su discurso ante el crimen: “Hemos defendido, preservado […] por estudiantes que se adelantaron al vandalismo de los izquierdistas, evitando que éstos se adueñaran de la casa de estudios.” “No fuimos” (pero) “estamos con ellos”.

Reconocieron también que su agrupación ‘Siempre Bauzá’ recibía apoyo externo de gente armada entre la cual destacaba el grupo que comandaba ‘El Manco Ulises’, un policía que, en algunas de sus acciones era financiado por los ‘yanquis’.

En esos años se registraron unas doscientas ochenta acciones violentas por grupos parapoliciales-paramilitares. De ese total, noventa y cinco operativos se produjeron en 1971, año en que la JUP realizó un acto público en la ciudad de Montevideo (específicamente, el 10 de noviembre en la plaza Viera, situada en la esquina de Av. Rivera y Francisco Muñoz).

Además de la JUP, también actuaron en dicho período otras agrupaciones  como el Movimiento Nueva Generación (MNG) de origen pachequista, la Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes (CREI), el Movimiento de Restauración Nacionalista (MRN) presuntamente vinculado a la extrema derecha blanca, el Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista del Uruguay (MOENSU), el Comando Oriental Anticomunista (COAC) que perpetró ataques contra sindicalistas de la salud en 1969 y el grupo ultracatólico Tradición, Familia y Propiedad (TFP).

Para la realización de acciones puntuales también contaban con la participación de agrupaciones estudiantiles como ‘Siempre Bauzá’ y otras ‘bandas’ eventuales.

Los documentos de la embajada estadounidense en Montevideo presentados al Departamento de Estado y las declaraciones realizadas por el agente policial Nelson Bardesio a los tupamaros que lo secuestraron con el fin de investigar las acciones de los grupos parapoliciales, mencionan a Miguel Sofía y a Ángel Pedro Crosas como miembros activos de los Escuadrones de la Muerte y también como integrantes de la Juventud Uruguaya de Pie.

Hugo Manini declaró que “con esos grupúsculos nunca quisimos saber nada”.

Según Manini, las relaciones entre la JUP y el movimiento juvenil pachequista Nueva Generación (MNG) terminaron en una ruptura radical. Así se refería al episodio: “Nosotros no tuvimos grandes problemas con el MNG […] hasta que un día quisieron copar la sede nuestra...”, refiriéndose al episodio ocurrido el 31 de enero de 1972 cuando un grupo de hombres armados ingresó al local de la JUP en la Av. 18 de Julio. (Revista Cuestión, febrero de 1972)

La prensa habló de un incidente con heridos de bala; algunos medios de izquierda titularon el hecho como “Escándalo en la JUP: batalla campal con varios heridos”.

Se había producido una disputa entre grupos rivales por la supremacía interna. “Manini, armado con metralleta, acusó de traición a otros dirigentes en plena reunión del Consejo Federal”. (Revista Cuestión, febrero de 1972).

Manini había llegado con cuatro guardaespaldas armados con metralletas, gritando de forma histérica ¡La JUP es mía!

El resultado habría sido que Gabriel Melogno se retirara herido y que Ricardo Trindade fuera detenido y luego procesado por lesiones graves.

Pocos meses después, el sábado 22 y el domingo 23 de abril de 1972,  el Consejo Federal de la JUP se reunió en la ciudad de San Carlos, desalojando del lugar a la señora Orgaz y otras personas, conocidos miembros del MNG y del MPA.

La JUP también contó con una audición radial gracias a la intervención de Juan José Gari y Olga Clerici de Nardone, quienes le cedieron a dicho grupo un espacio en Radio Rural.

Ya en octubre de 1970, esta organización ocupaba un lugar protagónico en el interior del país y Maldonado fue uno de sus centros de operación.

Lograron crear agrupaciones liceales que se autoproclamaban ‘demócratas’ y actuaban contra los gremios estudiantiles con el apoyo de docentes y padres también autodefinidos como ‘demócratas’.

En esos meses Jorge Batlle reclamó a la embajada de EE.UU. que “era necesario crear… sin tantos miramientos, un grupo secreto que solucionara el problema de la guerrilla… fuera de las autoridades legítimamente constituidas”. (Revista Cuestión, febrero de 1972).

El vínculo histórico entre el aparato represivo del Estado, la JUP, los grupos ‘demócratas’, las fracciones partidarias, los grupos de choque y los Escuadrones de la muerte, es negado aún hoy, aunque la evidencia es tanta que ya conforma una enorme montaña.

Su apoyo al golpe cívico-militar, la reivindicación de las Fuerzas Armadas, el autoritarismo y el catolicismo conservador, continúan siendo proclamados en la actualidad.

El 4 de setiembre de 2001, Daniel García Pintos reivindicó a la JUP desde su Facebook, lo cual generó que la DNII realizara un informe muy poco formal de siete páginas. (Obviamente este organismo de Inteligencia no intervino en ninguna de las acciones de estos reaccionarios).

Desde las embajadas de Francia y EE.UU. se han desclasificado filmaciones y fotos que dan testimonio de los vínculos ‘íntimos’ entre la JUP y los promotores del terrorismo de Estado.

Sin embargo todas las responsabilidades de la violencia derechista no estatal del período 1968-1973 han quedado en la penumbra.

Esta historia está aquí, forma parte de nuestro presente y se visibiliza en las actuales relaciones entre la derecha social, Cabildo Abierto, el Centro Militar, el Círculo Militar y el reciente resurgir de la JUP, así como en los vínculos con los estados terroristas y sus multinacionales que saquean nuestras tierras.

No hay olvido, no hay perdón, no hay reconciliación con las/os poderosos de todos los tiempos, que ayer y hoy sostienen la desigualdad, la injusticia y la omertá para proteger sus privilegios y riquezas.

Ellas y ellos, los impunes de siempre, continúan recurriendo al aparato represivo del Estado y a sus leyes, amparándose en la tolerancia, la indiferencia, el miedo y el silencio.


Por todas nuestras compañeras y compañeros torturados y asesinados.

 Por todas nuestras compas desaparecidas/os.

 

Por la disolución de todos los aparatos represivos, civiles, policiales y militares.

Por las libertades nos autoconvocamos a reforzar las peleas.

 

Ni la JUP, ni el Partido Militar, ni las FF.AA. nos callarán.

¡¡No pasarán!!


 

Referencias bibliográficas:

Aldrighi, Clara (2007). El caso Mitrione Montevideo. Ediciones Trilce.

Bucheli, Gabriel (2019). O se está con la patria o se está contra ella Montevideo. Ed. Fin de Siglo.

Rico, Álvaro (2008). Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985) Tomo I. Montevideo. Udelar.

26M Revista Cuestión (febr. 1972).  Informe sobre la JUP y su interna Montevideo.




9 de octubre de 2020

Prontuario de Enrique Mangini Usera





Enrique Mangini Usera nació en 1954, hijo de Enrique Mangini Rodríguez y Raquel Usera, maestra, y prima del coronel Ramón Trabal Usera, asesinado en París en 1974. Casado con Irene Rodríguez (tres hijos).

Estudió en el liceo Bauzá y siendo estudiante integró el grupo fascista JUP (Juventud Uruguaya de Pie)

Ingresó en el Ejército en 1975, en el arma de Caballería. Egresó como alférez en 1979 y ascendió a teniente segundo en 1981, tiempo en el que estuvo asignado al Regimiento de Caballería Blindado N° 2, con asiento en Durazno. Con el grado de capitán, pasó al Regimiento "Blandengues de Artigas" de Caballería N° 1, bajo el mando de dos connotados miembros de la Logia Tenientes de Artigas: entre 1991 y 1992 el coronel Manuel Fernández (ascendido a general por el presidente Luis A. Lacalle) y de 1993 a 1994 el entonces coronel Gilberto Vázquez. Aunque  nunca  se  destacó  militarmente,  su deslucida capacidad dentro de la formalidad de la fuerza la compensó con favores en el terreno gris en torno a la misma, obteniendo así  la  protección de conocidos represores que le ayudaron a obtener misiones en la ONU.

Entre 1997 y 1998 el presidente Julio María Sanguinetti le asignó con el grado de mayor el mando de la Base Antártica.

Entre 2001 y 2002 fue designado observador militar para las Misiones de Paz de la ONU en Sierra Leona, África.

Escribe para varias redes de ultraderecha, donde si vincula con grupos de línea intervencionista de la CIA para Latinoamérica, anticubanos y antivenezolanos, y ha intentado articular lazos locales con esas disidencias.  En esas tareas ha confluido con otros personajes del sombrío lobby de la derecha terrorista, cómo Jorge Guldenzoph

Tiene una onda de radioaficionado con la que ha llegado a integrar la directiva de la asociación Radio Grupo Sur y a través de la cual es parte de grupos de email y radio clubes a nivel internacional.

Mangini  operó con el seudónimo "Antarkos, con el que se identifica a los mandos de la Base Antártica uruguaya de la cual fue decimocuarto comandante, y tras su retiro llegó incluso a dar charlas y mostrar diapositivas de los hielos y pingüinos del sur a escolares de la Escuela N° 51 República de Paraguay. En otra ocasión, continuando con "operaciones civiles" se lo ubicó en Salto con motivo de las inundaciones.

Está vinculado al negocio de la “seguridad” formando parte de la empresa de Seguridad Señal Delta.

 

Defensor de represores

Había logrado mantenerse impune durante todos estos años, siempre al amparo de sus “viejos conocidos”, por lo que cuando estos empezaron a ser juzgados por sus crímenes no dudó en devolver favores tornándose en defensor de torturadores y criminales de lesa humanidad.

Luego de una visita de Mangini a sus camaradas presos en la cárcel VIP, escribió una crónica de la experiencia que se publicó en la página "envozalta.net" , desde la que se maneja la defensa de los militares y policías procesados.

En esa crónica, Manigini narra el reencuentro con Luis Maurente, Jorge Silvera, Ricardo Arab, Ricardo Medina, Ernesto Soca y José Sande y agrega: "Y de repente... ¡¡¡Zapato!!!, siento a mis espaldas, y reconocí de inmediato la voz de mi instructor, de mi coronel, de aquel que mostró siempre su condición de soldado, en las malas como en las buenas, en el error y en el acierto de la lucha,... el abrazo, las palabras embargan la emoción... luego la charla, las experiencias, y como en toda reunión, en este caso visita, visita muy especial, muy emotiva por las condiciones y situación de la privación de libertad... las anécdotas, la experiencia de vida y de lucha, que son las que estamos tratando de difundir y hacer llegar a todos... al rato mi teniente coronel Gavazzo, que también había finalizado su labor de trabajo, la sonrisa de siempre, le entereza de su persona, anímicamente muy bien, a pesar de sus dolencias de salud, también la charla amena, pero no muy larga por la llegada de la familia y el lugar que habitualmente, nosotros, damos a la misma, el primer lugar como debe ser... continuamos con el coronel Vázquez, charlando de la situación del país, de las condiciones de vida, de la situación legal y jurídica, de los camaradas por Chile, que casualmente la noche anterior había tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, y por lo tanto tenía noticias fresquitas que recibió muy contento, también charlamos de su salud, de su enfermedad, poniendo de manifiesto la entereza de su espíritu por el lugar y la condición donde tiene que enfrentar esta situación".


Esta defensa se evidenció más aún, cuando en Octubre de 2007 el general (r) Iván Paulós debió declarar por primera vez ante un juez civil, apareció custodiado por dos guardaespaldas de lentes oscuros y acompañado por un grupo de militares jubilados que llegaron a la calle Misiones para solidarizarse con el ex mando de la dictadura. Uno de los guardaespaldas era Eduardo Ferro y Mangini, quien hasta ese entonces no había sido identificado. Este exhibía sin pudor una pistola calzada en una funda de cuero.

Luego de abrir y cerrar las puertas de la camioneta negra que transportaba a Paulos y de ordenar que dejaran espacio las cámaras de televisión, Mangini fue el primero en extender su mano derecha en saludo a los militares. Lo hizo lo suficientemente alto y recto como para mostrar en su cintura una aparatosa arma calzada en una funda de cuero marrón.

 

Responsable del asesinato de Santiago Rodríguez Muela

 

Esa exhibición de prepotencia e impunidad quedó registrada en foto que permitió que  Júpiter Irigoyen, quien fue testigo presencial del asesinato de Santiago, lo reconociera y denunciara públicamente.

Entre abril y agosto de 1972 se registraron 230 atentados fascistas contra liceos, facultades y comités de base, en los que se pintaron consignas como "Viva Pacheco, Hitler volverá”, firmados por la MNG (Movimiento Nueva Generación), el CREI (Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes) y la JUP (Juventud Uruguaya de Pie), que encabezaría el ataque al Liceo 8 en el marco de otros atentados a centros de estudios.

(Extracto del artículo de Roger Rodríguez: EL ASESINO DE SANTIAGO RODRÍGUEZ MUELA “GUARDAESPALDA” DE IVÁN PAULÓS)

Mangini Usera fue uno de los militantes de la JUP que ingresó en la noche del 11 de agosto de 1972 al Liceo N° 8 donde fue asesinado por la espalda el estudiante Santiago Rodríguez Muela. "¡Qué cagada que tuve que gastar una bala en eso!", habría dicho alguna vez en una reunión familiar, algo excedido de copas.

Por aquellos días, Mangini compartía "aventuras" con Gustavo Adolfo Ifer, alias "El Mono", y Gary Balbuena, alias "El Capitán", quien tenía vínculos con la marina, entre otros personajes de la Juventud Uruguaya de Pie, organización que ya había llegado a grabar esvásticas en las piernas de jóvenes estudiantes que militaban en alguna organización de izquierda. Aquella noche, Mangini estaba junto a Corbo, Moreira, Lludgar, Osorio, De Vellis, Druillet, Monalli, Garín, Rosso y cuatro menores de edad. Ya se habían exhibido armados frente a la actual sede del Ministerio de Defensa Nacional sobre la avenida 8 de Octubre.

Fueron testigos los guardias del Club de la Fuerza Aérea y miembros de las fuerzas conjuntas que los vieron. De nada sirvió que intentara frenarlos el director de cursos nocturnos, profesor Martínez Gallardo. Los catorce entraron en patota al recinto estudiantil en el que se realizaba una asamblea de profesores, padres y estudiantes. Faltaban tres días para el aniversario del asesinato de Líber Arce. Regía el Estado de Guerra decretado por Jorge Pacheco Areco. A Santiago Rodríguez Muela le decían "el charla", tenía 22 años, era militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), trabajaba como obrero en la ANCAP, militaba sindicalmente, estaba casado y terminaba sus estudios en el liceo nocturno. Era un militante conocido por sus agresores que le dispararon por la espalda, antes de huir por los fondos hacia la calle Urquiza.

Los diarios de la época narran con lujo de detalles lo ocurrido. El doctor Milton Cairoli estuvo al frente de las actuaciones, una jueza de menores fue amenazada por el "Comando Pascasio Báez" al interrogar a los menores. Los testigos militares no comparecieron, amparados en la justicia militar. Los expedientes de Inteligencia policial constataron todo lo ocurrido.

Siete de los miembros de la banda de la JUP eran mayores de edad y terminaron procesados por atentado a la propiedad privada por su asalto al Liceo 8, pero la causa por el homicidio de Rodríguez Muela fue archivado.

Cabe destacar que Mangini era sobrino del director del Servicio de Información y Defensa (SID), coronel Ramón Trabal en esa época. 

Denuncia contra Roger Rodríguez

A raíz de este artículo de denuncia fundamentado por el testimonio del testigo presencial del asesinato, realizado por el periodista, Roger Rodríguez, Mangini demandó al referido testigo y a Rodríguez, al sentirse “ofendido” por la acusación de homicidio.

En el juicio, ante el Juez Luis Charles, Mangini reconoció que previo a su ingreso al Ejército fue miembro de la JUP y que participó del asalto al Liceo N° 8 en la noche en que fue herido Rodríguez Muela, aunque enfatizó que no agredió al estudiante. También señaló que fue procesado por el delito de “violencia privada” por esos hechos, cumpliendo nueve meses de prisión.

Finalmente Mangini perdió el juicio en 2 instancias y el periodista fue sobreseído y aún se espera que la justicia actúe en el caso de Santiago Rodríguez Muela.

De vecino alerta a Cabildante

Luego de unos años de silencio, el nombre de Enrirque Mangini volvió a sonar, cuando surgió el partido militar: Cabildo Abierto.

E. Mangini, como tantos otros represores, hace unos años que se mudó a la zona de Pinares en Maldonado. En seguida puso su impronta al barrio, con su: “vecinos alerta”, con su amistad con Erode Ruíz y su actividad política.

Cuando la candidatura de Manini Ríos era un secreto a voces, Mangini, ofició de anfitrión, ofreciendo su chalet Macorina, para la fundación del partido militar. Él es uno de los coordinadores generales de la agrupación Dragones de Maldonado, desde la cual se trabajó activamente para las campañas del partido.

Han pasado 48 años del asesinato de Santiago y Mangini sigue totalmente impune, pero de la condena social No podrá escapar.

 

La información fue sacada de los siguientes artículos de prensa:

6 de octubre de 2020

La rosca militar a la palestra

 


Un 2 de febrero de 2015, a fines del gobierno de Mujica, con el aval del entonces ministro de Defensa Fernández Huidobro, Guido Manini Ríos asumió como Comandante en jefe de las FF.AA.

Desde el inicio, ya en su primer discurso, dejó en claro cuál habría de ser su misión: fortalecer y unificar al ejército detrás de la bandera de los más rancios preceptos de la derecha.

G. Manini Ríos continúa el legado de su linaje derechista. Su abuelo Pedro (dirigente del Partido Colorado y ministro del Interior en 1913, durante el gobierno de J. Batlle y Ordoñez) fue director del periódico La Mañana, uno de los principales medios de la época, desde donde se criticaba duramente las ‘ideas batllistas’ por ser, en exceso, progresistas. Este periódico que cerrara sus puertas en la década de los noventa, retomó sus actividades en 2019 de la mano de Hugo Manini Ríos, hermano de Guido y fiel heredero de la estirpe familiar, conocido principalmente por ser miembro activo del grupo fascista JUP (Juventud Uruguaya de Pie).

Su tío Carlos, también fue un continuador de dicho linaje, teniendo una participación destacada en los gobiernos de Gestido, Pacheco y Sanguinetti.

Ahora le tocaba a Guido mostrar lo aprendido. Al cobijo de la clase política, se volvió uno de los principales voceros en la defensa del terrorismo de Estado.

Varias organizaciones sociales y de derechos humanos que venían planteando la disolución de la FF.AA. y de los aparatos represivos, cuestionaron su rol como Comandante en Jefe desde el inicio.

La organización de Madres y Familiares de uruguayas/os detenidos-desaparecidos pidió su destitución por trancar las investigaciones y aportar información falsa. Dicho pedido no fue escuchado y se lo siguió amparando a pesar de sus continuas provocaciones, dejando en evidencia (para quienes querían ver) que se estaba cocinando otra cosa.

En concordancia con los procesos políticos a nivel regional,  la bestia, ya suficientemente alimentada, comenzó a ‘mostrarle los dientes’ a sus propios criadores, realizando declaraciones públicas relativas a la defensa de las jubilaciones militares (en ese momento, en proceso de reforma).

Su polémica intromisión en política fue sancionada con un arresto de treinta días, penitencia improbable que habría cumplido en su despacho, en España.

Era un secreto a voces que Manini se estaba perfilando como candidato, esperando el momento de hacerlo público.

Y así siguió provocando, apareciendo públicamente en Brasil junto al presidente fascista Jair Bolsonaro, acusando al Poder Judicial de procesar sin pruebas, a varios represores de la dictadura y arengando a sus huestes a asumir un papel más protagónico en la vida política: “Sólo es necesario que el final de una época se torne inexorable, que las condiciones en las que vive una población se tornen insoportables". Así bramaba Guido Manini Ríos en un discurso oficial que conmemoraba el Grito de Asencio, aludiendo a la posibilidad de una participación militar con el objetivo de corregir las ineptitudes de la clase política.

Finalmente llegó el momento de su destitución; una decisión esperada y aplaudida por muchos que, sin embargo, llegó tarde, pues la tarea estaba cumplida: el fascismo ya estaba organizado políticamente alrededor de un buen representante, un candidato.

Al poco tiempo de su pase a retiro, se dieron a conocer las actas de un Tribunal de ‘Honor’ en las que José Gavazzo reconoció su responsabilidad en la desaparición y asesinato de Roberto Gomensoro.

Al frente de ese tribunal estuvo Manini Ríos, amparando y garantizando la impunidad de los genocidas. Frente al revuelo que causó el conocimiento público de dichas actas, Tabaré Vázquez debió destituir al ministro y subsecretario de Defensa Nacional y a la cúpula del Ejército.

La destitución de G. Manini fue el pretexto necesario para ‘legitimar’ la presentación oficial del partido Militar.

Un mes más tarde, en conferencia de prensa y acompañado de varios militares retirados, anunció su candidatura a la presidencia de la República por el Movimiento Social Artiguista, nombre que no pudo mantener pues la Corte Electoral no lo habilitó, por lo cual su grupo político pasó a llamarse Cabildo Abierto.

La creación de este partido había comenzado a fraguarse hacía tiempo, cuando Manini todavía era Comandante en Jefe del Ejército. Claramente se estaban organizando; las declaraciones provenientes del Centro y del Círculo Militar daban cuenta de ello. Hubo varias reuniones políticas donde participaron militares retirados, (con clara presencia de la logia Tenientes de Artigas) y varios correligionarios de su época de estudiante en el Liceo Militar.

Las reuniones se realizaron en el departamento de Maldonado, más concretamente en Punta del Este, balneario elegido por muchos militares retirados para su residencia o  lugar de veraneo, como lo ha venido haciendo, asiduamente, el Charleta Guldelzof en la bajada 8 de La Mansa.

Es en esa zona donde reside el médico José Luis Braga, ‘asesor’ en la tortura y donde vivía el represor Eduardo Ferro, hoy prófugo de la Justicia uruguaya.

Es allí, en Pinares de Punta del Este donde permanecen, bajo el privilegio de la prisión domiciliaria, los torturadores Plácido Gregorio Amorín y Artigas Rivera Bianchi, ambos pertenecientes al Batallón de Ingenieros Nº 4, un terrible centro de torturas, asesinatos y desapariciones, conocido como el Cuartel Laguna del Sauce.

No hay casualidades en estas tierras del este que cobijan tanta impunidad; Ernesto Ramas cumple su condena de supuesta prisión domiciliaria en Piriápolis y Erode Ruiz, uno de los denunciados por la represión del Filtro y los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal, actuó como Jefe de Policía de Maldonado hasta el año 2019.

Fue precisamente allí, en Pinares de Punta del Este, a unas cuadras de la playa Mansa, donde otro militar retirado, Enrique Mangini, ofreció su chalet como anfitrión de las primeras reuniones constitutivas de Cabildo Abierto.

Integrante de la JUP, al igual que Hugo Manini (hermano de Guido), E. Mangini fue uno de los asesinos del estudiante Santiago Rodríguez Muela en el año 1972. Posteriormente ingresó al Ejército siendo correligionario de Guido Manini y de Eduardo Ferro.

Amigo de Erode Ruiz, el flamante Jefe de Policía de Montevideo, Mangini es uno de los coordinadores generales de la agrupación Dragones de Maldonado, desde la cual se trabajó activamente para la campaña ‘Manini, presidente’.

Otro coordinador de dicha agrupación es el coronel retirado Gaspar Barrabino Silveira, hijo de Julio Barrabino Sáez quien, como tantos milicos murió con total impunidad siendo uno de los golpistas que ingresó al Palacio Legislativo con Gregorio Álvarez, en la madrugada del 27 de junio de 1973 y director, en plena dictadura, de la cárcel de mujeres en el Establecimiento Militar Nº 2 de Punta de Rieles.

Gaspar es, además, hermano de Julio Barrabino Silveira quien, junto con el capitán Wellington Sarli, tuvo la custodia del chileno Julio Sanhueza Ross –un oficial de Inteligencia evacuado de su país cuando la Justicia lo requirió por varios asesinatos ocurridos entre 1987 y 1989–, mientras el teniente coronel Tomás Cassella y el capitán Eduardo Radaelli ocultaban a Eugenio Berríos.

Hasta hace unos meses, Gaspar Barrabino fue el coordinador general del Movimiento Basta Ya, que promovía la candidatura del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

Otros promotores y articuladores de este partido militar son Eduardo Radaelli y Alfredo Rubio (h).

Radaelli es uno de los hombres de extrema confianza de Manini y su incidencia en la creación y conducción de Cabildo Abierto es central. Este exmilitar fue extraditado a Chile y procesado por el secuestro del químico Berríos. Regresó a Uruguay en 2016, después de que la Justicia chilena dictó su libertad condicional.

Alfredo Rubio, otro correligionario de promoción de Manini, es hijo de quien fuera jefe de José Gavazzo cuando asesinaron, en 1973, al tupamaro Roberto Gomensoro, torturado en el Grupo de Artillería Nº 1, La Paloma.

Una vez que Cabildo Abierto salió a la palestra como nuevo grupo político, en plena campaña electoral, las constantes declaraciones de sus miembros evidenciaron manifiestamente su carácter fascista.

Manini aseguraba que al partido lo integraban varios ‘civiles’ y algunos militares retirados. Lo que no decía es que esos civiles eran parte de la familia militar ya fuera por vínculo sanguíneo, político o de probada afinidad a la doctrina de las FF.AA.

Estando al límite de la veda electoral, su mensaje, destinado a los miembros de dichas fuerzas, dejó en claro que él representaba al Partido Militar y, como ‘comandante’ de sus tropas, expresó claramente qué esperaba de ellas.

La campaña electoral estuvo plagada de declaraciones y demostraciones preocupantes, como las de Martín Sodano, flamante diputado electo por Cabildo Abierto que llamó a revisar la agenda de derechos de la nueva legislatura, criticando el ejercicio del aborto legal en Uruguay como una práctica de “canilla libre", junto al comentario aberrante de "Si te gustó, bancátela".

Otra aberración fue la publicación en Facebook de Juan Cardoso, convencional de Cabildo Abierto (posteriormente expulsado) que convocó a voluntarios para formar un escuadrón de la muerte.

Pero la cosa no queda ahí; este grupo político integró en su convención a la agrupación Purificación, catalogada por el Ministerio del Interior como neonazi. En ella participa activamente Germán Dorrego, otro convencional del partido, quien mostraba abiertamente en las redes sociales su orientación fascista y su admiración por la simbología nazi.

Cabildo Abierto consiguió así articular tras de sí, múltiples expresiones y voluntades de ultraderecha, antes dispersas o desarticuladas. En base a eso logró presencia a nivel político, convirtiéndose en el socio principal de la coalición de gobierno.

Además de la presencia militar en diversas áreas del Estado como los ministerios, las empresas públicas o el parlamento, Cabildo Abierto ha logrado sentar las condiciones para que ciertas expresiones más agresivas y de odio para con el pueblo hayan encontrado legitimación por parte de algunos sectores de la población, además de la cobertura de más impunidad por parte de sus socios políticos, con quienes, en el fondo, y más allá de lo declarativo, comparte los mismos intereses.

Es en este marco que se multiplican los ataques a personas en situación de calle, se incrementa la violencia policial y recrudece la agresividad contra la comunidad LGTBI, al mismo tiempo que continúan los atentados contra los memoriales, los locales sindicales y políticos y los militantes de izquierda.

Y no nos olvidemos de las más recientes declaraciones de Martín Rodríguez, candidato a intendente de Rocha por Cabildo Abierto, promoviendo erradicar el ‘turismo hippie’ de las costas de Rocha o las del excandidato a alcalde de Nueva Helvecia publicando en Facebook, que la gran mayoría de los desaparecidos está en el agua o viviendo en otros países.

¡Sin duda, ellos sí saben dónde están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos, pues en sus filas están muchos de los verdugos que los secuestraron y asesinaron!

Nunca se retiraron. Nunca se llamaron a silencio. Al cobijo de la impunidad de estas décadas y de las actuales ‘inmunidades’, fortalecidos por el fracaso de los gobiernos progresistas, emprenden la vía institucional parlamentaria para legitimar su existencia y ganar credibilidad.

Bajo la permanencia de pactos de impunidad desde el Club Naval a la fecha y la mirada condescendiente de la coalición de gobierno y la clase empresarial que los ayudó a enriquecerse, los miembros del partido militar van alcanzando cada vez más posiciones y más poder.

Simultáneamente, las expresiones del fascismo se vienen multiplicando de manera desembozada, tal como en los sesenta cuando las primeras enseñanzas de tortura se realizaban (de la mano de Dan Mitrione, agente de la CIA), sobre los que llamaban, y llaman, ‘pichis’ que vivían en la calle y tal como en los setenta, cuando la JUP atentaba contra locales y militantes asesinando estudiantes, mientras los escuadrones de la muerte accionaban con la cobertura y el financiamiento del Estado, junto a la complicidad de varios políticos de turno.

Esos políticos, algunos de cuyos nombres se repiten hoy como articuladores de la democracia tutelada y garantes de la impunidad del terrorismo de Estado, han sostenido con las expresiones fascistas una amistad de larga data, ahondando las injusticias sociales, el saqueo capitalista y acrecentando el odio y la discriminación hacia las personas más vulnerables económicamente.

Frente al partido militar y a todos ellos, es momento de unirse al grito de “¡No pasarán!”

 

Plenaria Memoria y Justicia