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Nació en el año 1936
C.I. 707.695-5
Entró al Ejército el 1 de marzo de 1955 y comenzó a prestar su servicio en la Infantería.
En 1962, se matriculó en la Escuela de las Américas.
En 1963 estuvo en el Batallón de Infantería 11 (Minas).
En 1964 fue ascendido a capitán y posteriormente fue al Servicio de Material y Armamento hasta 1972.
Fue reconocido en secciones de tortura en 1972 en el Cuartel de Infantería de Colonia.
En 1972 se trasladó al Batallón de Infantería Nº 1.
Desde 1975, actuó como comandante en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en el “300 Carlos” y, más tarde, en las operaciones de la cárcel de La Tablada. Poco después, sirvió en el Comando General del Ejército.
Sus alias fueron: Tordillo, Oscar 1, "El Gallego", "Puñales" (Dagger)
Reconocido en Orletti Argentina.
Estuvo en el Cuartel de Trinidad Flores 1977
Fue arrestado el 8 de mayo de 2006 El 8 de mayo de 2006, la jueza Aida Vera Barreto ordenó la detención preventiva de Ernesto Ramas Pereira, junto a la de Jose Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentin Vázquez Bisio y Ricardo José Medina Blanco, basándose en una solicitud de extradición procedente del juez argentino Daniel Rafecas, quien indaga el caso de María Claudia García Irureta Goyena. Traída a la Base Valparaíso.
Condenado el 26 de marzo de 2009 a 25 años de cárcel. Cometió crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas. Privación de la libertad
Tiene solicitud de extradición a Argentina desde mayo de 2006.
En 2011 se condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al Estado uruguayo, a esclarecer lo ocurrido. La Corte también declaró el Estado uruguayo responsable de la desaparición de María Claudia, y ordenó indemnizar a los demandantes con la suma de US$ 513.000. Según el organismo, la ley de Caducidad "carece de efectos", y el Estado Uruguayo "incumplió su obligación de adecuar su derecho a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".
Pero Ramas no está procesado por desaparición forzada. El juez rechazo la calificación de desaparición forzada. Gavazzo, Arab y Vázquez están igualmente procesados en este caso.
El 27 de octubre de 2011, fue procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García y por sustracción de menor y supresión de estado civil en el caso de Macarena. En 2012 Mujica “reconoce” la responsabilidad del Estado.
Operó como terrorista de Estado. Vinculado a Junta Militar en Argentina, bajo el terrorismo de Estado del Goyo. Sostenía que estaba en cruzadas santas contra el “pensamientos subversivo”, se define en contra de “cualquier individuo que difunda ideas contrarias a la civilización cristiana occidental”
Fue parte de los grupos que generaron una cifra de desaparecidos y asesinados aún sin un número preciso en el área que operó el Plan Cóndor: Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay Brasil y Uruguay. Se habla de más de 30000 solo en Argentina, más de 200 uruguayos.
Operó en la casa de torturas de Punta Gorda el Infierno Chico.
Está involucrado en la desaparición de Simón.
El sostuvo que por “asuntos menores” viajó durante la dictadura a Argentina. Pese a estar identificado negó.
Fue parte de los que determinaron más 500.000 exiliados. Está implicado en la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, ambos secuestrados en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976.
Se apropiaron del dinero de las organizaciones a las que pertenecían los que secuestraban. Negó ser parte de los que negociaron con dinero la vida de los desaparecidos. Vinculado a los vuelos de la muerte. El ex Comandante ENRIQUE BONELLI –otro impune- relató su participación en el vuelo de 24 de julio, en el que viajaron las personas detenidas que se hallaban en ORLETTI y que después fueron sometidas a la justicia militar y están con vida. También mencionan un vuelo de la muerte el 5 de octubre de 1976. ¿Queda claro porque Ramas calla y porque hay demasiados que lo amparan?
El intrincado camino de la impunidad, se expresa en lo jurídico.
El 11 de septiembre de 2006 en Montevideo, el juez penal uruguayo Luis Charles acusó a Ernesto Ramas Pereira, junto a Vázquez Bisio, Silveira Quesada, Gavazzo, Arab Fernández, Luis Alfredo Maurente Mata y Jose Felipe Sande Lima, con los cargos de “privación de libertad” y de “asociación para cometer delitos” por la desaparición en septiembre de 1976 de los activistas de izquierda Alberto Waldemar Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte…
El 26 de marzo de 2009 quedó sentenciado a 25 años en la cárcel por 28 delitos de homicidio particularmente agravados principalmente en contra de miembros del PVP. El juez condenó igualmente Vázquez Bisio y Silveira Quesada a 25 años y Maurente Mata, Medina Blanco y Sande Lima a 20 años en la cárcel. El 1 de julio de 2010, el Tribunal de Apelaciones Penales 2 confirmo la sentencia de primera instancia. El 6 de mayo de 2011, la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a un recurso interpuesto por Arab y Gavazzo, consideró que no se les podían inculpar por desaparición forzada ya que en el momento de los hechos este delito no existía, solo apareció en octubre 2006 en la legislación uruguaya.
Ramas también esta investigado en Argentina, en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor, en la causa caratulada “Videla Jorge Rafael y otros sobre privación ilegal de libertad”.
El 8 de mayo de 2006, un juez argentino pidió la extradición de Ramas Pereira, Medina Blanco, Vázquez Bissio, Arab Fernández, Gavazzo y Silveira Quesada. La justicia uruguaya aceptó la solicitud el 7 de diciembre de 2006, ordenando que sean extraditados hacia Argentina en cuanto hayan cumplido su condena en Uruguay. Esta decisión fue confirmada por el tribunal de apelaciones en septiembre de 2008 y por la corte suprema de justicia el 3 de noviembre de 2008, la decisión quedó entonces definitiva. Es la primera vez que Uruguay autoriza la extradición de militares por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El 24 de diciembre de 2015 el juez Gesto le otorga la prisión domiciliaria. Ramas fija su domicilio en Piriápolis.
Este torturador impune tiene de abogado al abogado del Centro Militar, Miguel Fernández, designado especialmente para este caso. Junto al abogado Gastón Chávez, quien defiende a Armando Méndez, también indagado por esta misma causa.
Junto a Eduardo Ferro, serían los oficiales que presuntamente dispusieron del cuerpo de María Claudia García de Gelman, y quienes en última instancia determinaron dónde sepultarlo. El pedido de extradición, proveniente del juez federal argentino Guillermo Montenegro, requiere a los ex militares, además de Ernesto Rama, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, José Arab, Ricardo Medina, y el fallecido Julio Vadora.
Aún detenta el grado y los privilegios de su rango militar, en el mismo momento en que salían para sus domicilios, continuaban cometiendo el delito de desaparición.
El coronel dejó huellas de sus hazañas:
“Un memorando de Inteligencia militar firmado por el coronel (r) Ernesto Rama, que describe en detalle a una de las columnas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, constituiría una de las pruebas que analiza la Justicia en las causas de la desaparición de Washington Barrios y el asesinato de Silvia Reyes.
El documento describe minuciosamente la situación de varias personas y establece su condición de militantes tupamaros, de modo que especifica quien estaba detenido, quien prófugo, quien en el país, quien no, etc.
La conexión de Rama, firmante de ese memorando, con esta investigación es producto de que en dicha lista figuran los nombres de Washington Barrios, desaparecido en Córdoba (Argentina) en 1974; de Silvia Reyes, su esposa, asesinada el 21 de abril de 1974 junto a Diana Maidanick y Laura Raggio; y de Estela Reyes, hermana de Silvia, testigo en ambos expedientes.
Ernesto Rama asumió su participación en los Organismos de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y en cuyo nombre firmó el mencionado memorando, pero negó su participación en los crímenes y dijo que no recordaba ese documento…”
